DECLARACIÓN PÚBLICA
Montevideo, 19 de marzo de 2019
“La educación, que da y exige el Estado, no tiene por fin afiliar al niño a ésta o a aquella comunidad religiosa, sino prepararlo convenientemente, para la vida de ciudadano.” (José Pedro Varela) A la ciudadanía: Uno de los rasgos distintivos de la democracia uruguaya y de sus instituciones republicanas, es la laicidad del Estado, forjada en un largo proceso de construcción y de maduración de la sociedad. Ella ha sido el factor clave que explica en el largo plazo, la armonía, la ausencia de conflictos religiosos, la paz y la integración social, garantizando condiciones para el ejercicio pleno de las libertades -en particular la libertad de conciencia y de pensamiento- y la conquista de espacios de igualdad y de construcción de ciudadanía. En reconocimiento a este principio rector, en el año 2018 el parlamento nacional aprobó la ley Nº 19.626 que consagra a cada 19 de marzo como Día de la Laicidad en Uruguay, conmemorando la fecha de nacimiento de José Pedro Varela en 1845; el educador fundador de los principios fundamentales de nuestra educación pública: gratuidad, obligatoriedad y laicidad, instituidos como marca a fuego en nuestra piel, en la ley de 1877. En José Pedro Varela se personifica el principio que a lo largo del tiempo, se construyó con el tesón y entrega de ciudadanos y ciudadanas librepensadores, desde los tiempos de la emancipación independentista del artiguismo –período en el que se consagró la “libertad civil y religiosa en su máxima extensión imaginable”, postulada en las instrucciones del año 1813- pasando por el nomenclátor de la sitiada ciudad de Montevideo durante la llamada “guerra grande” en 1843 durante la presidencia de Joaquín Suárez, sustituyéndose los nombres religiosos de las calles por otros de carácter laico, que se mantienen hasta hoy en la zona de la “Ciudad Vieja”, la secularización o pasaje a la órbita municipal de los cementerios en 1861, durante la presidencia de Bernardo Berro, la ley de registro civil de 1879 y el matrimonio civil obligatorio de 1885. Luego, durante las presidencias de José Batlle y Ordóñez las leyes de divorcio, en particular la que consagró el divorcio por sola voluntad de la mujer en 1912, las leyes de juramento laico de los cargos de representación ciudadana, sustituyéndose la fórmula religiosa, la eliminación de los símbolos religiosos de las instituciones públicas, la eliminación del cargo de capellán en el ejército (sacerdote militar), las leyes de feriados laicos de 1915 y luego de1919 durante la presidencia de Baltasar Brum. En materia educativa, se consagra la laicidad plena –culminando el proceso iniciado por Varela- con la eliminación de la educación religiosa o catecismo, durante la presidencia de Claudio Williman en 1909. Culmina el proceso de construcción del Estado Laico con la Constitución aprobada por la ciudadanía en plebiscito de 1918 y entrando la misma en vigencia en el año 1919. El art. 5º de la Carta Magna, vigente en lo sustancial hasta nuestros días, sintetiza simultáneamente con sabiduría los principios de libertad de cultos y de laicidad del Estado: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna.” Es decir, todas las personas pueden expresar libremente sus convicciones y creencias, pero el Estado se abstiene de pronunciarse sobre los asuntos religiosos, entendiéndose con ello, que no debe intervenir en los asuntos privados, siendo la conciencia, quizás el ámbito privado por excelencia, en el que ni otra persona ni el Estado tiene derecho a establecer condiciones de dominación. Pasado el tiempo y llegado a nuestro presente, desde la Asociación Civil 20 de Setiembre y la AULP (Asociación Uruguaya de Libre Pensadores), integrante de la AILP (Asociación Internacional de Libre Pensamiento), hemos advertido y denunciado un creciente avance de algunas corrientes dogmáticas y simultáneamente, también creciente deterioro de las convicciones y compromisos institucionales de los representantes estatales, tanto en los niveles de decisión de gobierno nacional como departamentales. Los sucesivos intentos de colonización del Estado por parte de algunos credos religiosos, en particular de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas neopentecostales, sea a través de la búsqueda de espacios de poder en el seno del propio Estado, o reclamando por diferentes vías, la transferencia de recursos financieros estatales. En muchas de las circunstancias, las autoridades públicas no han sabido honrar los compromisos constitucionales que claramente establecen la separación de los asuntos religiosos de la órbita estatal. La Asociación Civil 20 de Setiembre y la Asociación Uruguaya de Libre Pensadores sistemáticamente han denunciado las constantes violaciones a la laicidad, en el entendido de que la defensa de este principio cardinal profundiza y robustece a la propia sociedad y al ejercicio de la ciudadanía, tanto en la toma de conciencia de los derechos, como en el cumplimiento de los deberes. En tiempos de aparición de visiones autoritarias y de mesianismos políticos de variado origen, cuyos protagonistas -sean civiles o militares- quizás nostálgicos de tristes épocas de desbordes, abusos de poder, violaciones de los derechos humanos y pactos de silencio; del poder e influencia de algunas corrientes religiosas, de las corporaciones de diversa naturaleza, de algunos intereses empresariales que pretenden mayor injerencia o ampliar en algunas áreas de las políticas públicas, se hace imperioso fortalecer las instituciones de nuestra democracia republicana y laica. Hoy, 19 de marzo, el Día de la Laicidad en Uruguay, las palabras de José Pedro Varela se transforman en brillante antorcha, que como ciudadanos tenemos la obligación de sostener de forma firme: “Para establecer la república, lo primero es formar los republicanos; para crear el gobierno del pueblo, lo primero es despertar, llamar a vida activa al pueblo mismo, para hacer que la opinión pública sea soberana, (…) todas las grandes necesidades de la democracia, todas las exigencias de la república, solo tienen un medio posible de realización: educar, siempre educar.” Ante las reiteradas y anacrónicas propuestas de restaurar la educación religiosa en la educación pública o de promover y ampliar la financiación de la educación privada, en particular la confesional, sea en forma directa o indirecta, a través de los mecanismos de exoneraciones o renuncia fiscal, conviene leer nuevamente los escritos de Varela: “La educación, que da y exige el Estado, no tiene por fin afiliar al niño a ésta o a aquella comunidad religiosa, sino prepararlo convenientemente, para la vida de ciudadano. (…) La escuela, establecida por el Estado laico, debe ser laica como él.” (…) Respetando la libertad de conciencia, como una de las más importantes manifestaciones de la libertad individual, se reconoce en el ciudadano el derecho de profesar las creencias que juzgue verdaderas. Sucede lo mismo con respecto a la política: la escuela no se propone enrolar a los niños en éste o aquel de los partidos, sino que les da los conocimientos necesarios para juzgar por sí y alistarse voluntariamente en las filas que conceptúen defensoras de lo justo, de lo bueno.” En esta coyuntura histórica en particular, en que Uruguay se apresta a comenzar un ciclo electoral, la Asociación Civil 20 de Setiembre y la AULP (Asociación Uruguaya de Libre Pensadores) se comprometen a defender los principios republicanos y laicos, a invitar a la dirigencia y militancia de los partidos políticos a incorporar el principio de Laicidad del Estado en sus programas, en el entendido que siempre ha sido un factor aglutinante y de acuerdos y compromisos, a la vez que llama a la ciudadanía a ser activos partícipes en su defensa y profundización, pues de ello depende, en buena medida, el fortalecimiento de la democracia republicana. Asociación Civil Asociación Uruguaya Asociación Internacional 20 de Setiembre de Libre Pensadores (AULP) de Libre Pensamiento (AILP)
