DIA de la LAICIDAD

DECLARACIÓN PÚBLICA
Montevideo, 19 de marzo de 2019
“La educación, que da y exige el Estado, no tiene por fin afiliar al niño a ésta o a
aquella comunidad religiosa, sino prepararlo convenientemente, para la vida de
ciudadano.” (José Pedro Varela)
A la ciudadanía:
Uno de los rasgos distintivos de la democracia uruguaya y de sus instituciones
republicanas, es la laicidad del Estado, forjada en un largo proceso de
construcción y de maduración de la sociedad. Ella ha sido el factor clave que
explica en el largo plazo, la armonía, la ausencia de conflictos religiosos, la paz
y la integración social, garantizando condiciones para el ejercicio pleno de las
libertades -en particular la libertad de conciencia y de pensamiento- y la
conquista de espacios de igualdad y de construcción de ciudadanía.
En reconocimiento a este principio rector, en el año 2018 el parlamento nacional
aprobó la ley Nº 19.626 que consagra a cada 19 de marzo como Día de la
Laicidad en Uruguay, conmemorando la fecha de nacimiento de José Pedro
Varela en 1845; el educador fundador de los principios fundamentales de nuestra
educación pública: gratuidad, obligatoriedad y laicidad, instituidos como marca a
fuego en nuestra piel, en la ley de 1877.
En José Pedro Varela se personifica el principio que a lo largo del tiempo, se
construyó con el tesón y entrega de ciudadanos y ciudadanas librepensadores,
desde los tiempos de la emancipación independentista del artiguismo –período
en el que se consagró la “libertad civil y religiosa en su máxima extensión
imaginable”, postulada en las instrucciones del año 1813- pasando por el
nomenclátor de la sitiada ciudad de Montevideo durante la llamada “guerra
grande” en 1843 durante la presidencia de Joaquín Suárez, sustituyéndose los
nombres religiosos de las calles por otros de carácter laico, que se mantienen
hasta hoy en la zona de la “Ciudad Vieja”, la secularización o pasaje a la órbita
municipal de los cementerios en 1861, durante la presidencia de Bernardo Berro,
la ley de registro civil de 1879 y el matrimonio civil obligatorio de 1885. Luego,
durante las presidencias de José Batlle y Ordóñez las leyes de divorcio, en
particular la que consagró el divorcio por sola voluntad de la mujer en 1912, las
leyes de juramento laico de los cargos de representación ciudadana,
sustituyéndose la fórmula religiosa, la eliminación de los símbolos religiosos de
las instituciones públicas, la eliminación del cargo de capellán en el ejército
(sacerdote militar), las leyes de feriados laicos de 1915 y luego de1919 durante
la presidencia de Baltasar Brum. En materia educativa, se consagra la laicidad
plena –culminando el proceso iniciado por Varela- con la eliminación de la
educación religiosa o catecismo, durante la presidencia de Claudio Williman en
1909.
Culmina el proceso de construcción del Estado Laico con la Constitución
aprobada por la ciudadanía en plebiscito de 1918 y entrando la misma en
vigencia en el año 1919. El art. 5º de la Carta Magna, vigente en lo sustancial
hasta nuestros días, sintetiza simultáneamente con sabiduría los principios de
libertad de cultos y de laicidad del Estado: “Todos los cultos religiosos son libres
en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna.” Es decir, todas las
personas pueden expresar libremente sus convicciones y creencias, pero el
Estado se abstiene de pronunciarse sobre los asuntos religiosos, entendiéndose
con ello, que no debe intervenir en los asuntos privados, siendo la conciencia,
quizás el ámbito privado por excelencia, en el que ni otra persona ni el Estado
tiene derecho a establecer condiciones de dominación.
Pasado el tiempo y llegado a nuestro presente, desde la Asociación Civil 20 de
Setiembre y la AULP (Asociación Uruguaya de Libre Pensadores), integrante de
la AILP (Asociación Internacional de Libre Pensamiento), hemos advertido y
denunciado un creciente avance de algunas corrientes dogmáticas y
simultáneamente, también creciente deterioro de las convicciones y
compromisos institucionales de los representantes estatales, tanto en los niveles
de decisión de gobierno nacional como departamentales.
Los sucesivos intentos de colonización del Estado por parte de algunos credos
religiosos, en particular de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas neopentecostales,
 sea a través de la búsqueda de espacios de poder en el seno del
propio Estado, o reclamando por diferentes vías, la transferencia de recursos
financieros estatales.

 En muchas de las circunstancias, las autoridades públicas
no han sabido honrar los compromisos constitucionales que claramente
establecen la separación de los asuntos religiosos de la órbita estatal. La
Asociación Civil 20 de Setiembre y la Asociación Uruguaya de Libre Pensadores
sistemáticamente han denunciado las constantes violaciones a la laicidad, en el
entendido de que la defensa de este principio cardinal profundiza y robustece a

la propia sociedad y al ejercicio de la ciudadanía, tanto en la toma de conciencia
de los derechos, como en el cumplimiento de los deberes.
En tiempos de aparición de visiones autoritarias y de mesianismos políticos de
variado origen, cuyos protagonistas -sean civiles o militares- quizás nostálgicos
de tristes épocas de desbordes, abusos de poder, violaciones de los derechos
humanos y pactos de silencio; del poder e influencia de algunas corrientes
religiosas, de las corporaciones de diversa naturaleza, de algunos intereses
empresariales que pretenden mayor injerencia o ampliar en algunas áreas de las
políticas públicas, se hace imperioso fortalecer las instituciones de nuestra
democracia republicana y laica.
Hoy, 19 de marzo, el Día de la Laicidad en Uruguay, las palabras de José Pedro
Varela se transforman en brillante antorcha, que como ciudadanos tenemos la
obligación de sostener de forma firme:
“Para establecer la república, lo primero es formar los republicanos; para crear
el gobierno del pueblo, lo primero es despertar, llamar a vida activa al pueblo
mismo, para hacer que la opinión pública sea soberana, (…) todas las grandes
necesidades de la democracia, todas las exigencias de la república, solo tienen
un medio posible de realización: educar, siempre educar.”
Ante las reiteradas y anacrónicas propuestas de restaurar la educación religiosa
en la educación pública o de promover y ampliar la financiación de la educación
privada, en particular la confesional, sea en forma directa o indirecta, a través de
los mecanismos de exoneraciones o renuncia fiscal, conviene leer nuevamente
los escritos de Varela: “La educación, que da y exige el Estado, no tiene por fin
afiliar al niño a ésta o a aquella comunidad religiosa, sino prepararlo
convenientemente, para la vida de ciudadano. (…) La escuela, establecida por
el Estado laico, debe ser laica como él.” (…) Respetando la libertad de
conciencia, como una de las más importantes manifestaciones de la libertad
individual, se reconoce en el ciudadano el derecho de profesar las creencias que
juzgue verdaderas. Sucede lo mismo con respecto a la política: la escuela no se
propone enrolar a los niños en éste o aquel de los partidos, sino que les da los
conocimientos necesarios para juzgar por sí y alistarse voluntariamente en las
filas que conceptúen defensoras de lo justo, de lo bueno.”
En esta coyuntura histórica en particular, en que Uruguay se apresta a comenzar
un ciclo electoral, la Asociación Civil 20 de Setiembre y la AULP (Asociación
Uruguaya de Libre Pensadores) se comprometen a defender los principios
republicanos y laicos, a invitar a la dirigencia y militancia de los partidos políticos
a incorporar el principio de Laicidad del Estado en sus programas, en el
entendido que siempre ha sido un factor aglutinante y de acuerdos y
compromisos, a la vez que llama a la ciudadanía a ser activos partícipes en su
defensa y profundización, pues de ello depende, en buena medida, el
fortalecimiento de la democracia republicana.
Asociación Civil Asociación Uruguaya Asociación Internacional
20 de Setiembre de Libre Pensadores (AULP) de Libre Pensamiento (AILP)

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